¿Todo lo humano debe ser regulado? ¿Y todo lo regulado debe ser necesariamente humano? Bienvenidos a 2026, un año en el que seguiremos enfrentando la necesidad urgente de construir marcos normativos para la inteligencia artificial (IA), una tecnología que llegó para quedarse, aunque no sea —ni de lejos— un fenómeno reciente.
La inteligencia artificial nació formalmente en 1956, durante la Conferencia de Dartmouth, en Estados Unidos, término acuñado por John McCarthy, quien sostuvo que “cada aspecto del aprendizaje o de la inteligencia puede describirse con suficiente precisión como para que una máquina lo simule”. No obstante, no fue sino hasta 2024 cuando se promulgó la primera legislación integral en la materia: el Artificial Intelligence Act de la Unión Europea, que entró en vigor en agosto de ese mismo año.
Nos encontramos frente a una estructura de poder silenciosa, que parece decidir lo que vemos, lo que pensamos, la mejor forma de la distribución de los recursos públicos, qué contenido se amplifica. En buena parte del discurso público pareciera que la IA actúa con voluntad propia, cuando en realidad toda creación mediada por inteligencia artificial tiene una base humana. Por ello, requiere límites legales claros. El verdadero desafío no es decidir si regular o no, sino definir cómo hacerlo y bajo qué principios.
La carrera legislativa global tiene dos grandes referentes: la Unión Europea y Estados Unidos, seguidos de cerca por China. América Latina y el Sur Global presentan un rezago significativo en esta materia, aunque comienzan a mostrar avances relevantes que no deben subestimarse.
El modelo europeo, plasmado en el AI Act, se basa en un enfoque de gestión de riesgos. Determinados usos de la IA se prohíben, otros se condicionan y algunos se permiten bajo controles mínimos. El objetivo es garantizar que los sistemas de IA sean seguros, éticos y respetuosos de los derechos fundamentales, mediante una estructura piramidal que va desde riesgos inaceptables hasta aplicaciones de bajo impacto. Este marco ha generado el llamado Efecto Bruselas, influyendo en regulaciones más allá del territorio europeo y colocando a los derechos humanos como eje normativo central..
Estados Unidos, por su parte, ha optado por un enfoque más flexible y predominantemente autorregulatorio, orientado a fortalecer la innovación del mercado tecnológico. Existen directrices federales emitidas por organismos como la Federal Trade Commission y el Department of Justice, así como órdenes ejecutivas recientes —entre ellas la Executive Order 14179, publicada en enero de 2025— que promueven planes de acción para fomentar la innovación en IA y reducir barreras normativas. A ello se suman leyes estatales emergentes en entidades como Colorado, California, Texas y Nueva York.
De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), la región concentra alrededor de 14 por ciento de las visitas globales a soluciones de IA. Uruguay, México, Chile y Brasil destacan por sus avances tanto tecnológicos como legislativos, lo que abre una ventana de oportunidad para construir marcos normativos propios, contextualizados y estratégicos.
Estamos ante un momento decisivo. La inteligencia artificial nos obliga a recuperar una orientación humanista del derecho, guiando el desarrollo tecnológico sin sofocar la innovación ni reproducir la burocracia jurídica del siglo XX. Es tiempo de repensar nuestras estructuras normativas y asumir que el derecho del siglo XXI exige nuevas competencias, nuevos lenguajes y una comprensión profunda de la tecnología que regula.
Directora de Entrada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Dra. y Licenciada en Derecho. Doctorante en Filosofía Jurídica.
Licenciada en Psicología Social. Integrante de la Academia AMCID (Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital). Presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
